Consejos Comunitarios de Cartagena piden derogatoria de normas que atentan contra los derechos al territorio y a la consulta previa.
ASOCOC MI TAMBÓ, saluda negociaciones entre el gobierno y guerrilla y manifiesta que esta sólo es posible si se respetan derechos humanos fundamentales.
“La paz solo es posible con la participación y el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos afrodescendientes”, con este enunciado el Presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios de Cartagena de Indias ASOCOC “MI TAMBÓ”, Henry Guizamano, inició su intervención en el evento de instalación de las Mesas de Trabajo Regional sobre los ejes temáticos del “Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP.
El encuentro que se realizó en la ciudad de Sincelejo a instancias de las comuniones de paz del Senado y la Cámara de Representantes y el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo; fue el escenario propicio para que las organizaciones sociales y comunitarias de la región caribe hicieran aportes sobre los ejes temáticos fundamentales suscritos en Oslo.
Para Guizamano Vivas, como representante de 21 de los 24 Consejos Comunitarios existentes en las comunidades negras de la zona rural de Cartagena, “la paz es un bien preciado que todos deseamos y que va mucho más del silencio de las armas”. “Por ello, continúo, el dirigente comunitario, hay que agenciar políticas públicas que le den vida y sentido desde ya a la voluntad real de constituir un estado social y derecho donde todos y todas quepamos en honor al precepto constitucional de una Colombia multicultural y plurietnica”. “Ese es el soporte de la democracia y la paz”, dijo.
El dirigente comunitario afrodescendiente hizo énfasis en que es un contra sentido que tanto el Gobierno Nacional como el Congreso de la República promuevan estos loables espacios, cuando agencian iniciativas que niegan de tajo el derecho a la participación política, ciudadana y comunitaria; colocan en serio riesgo de despojo y destierro a más de 55 mil afrodescendientes que hacen parte de la Cartagena Rural y, las dejan, por consiguiente, en alto grado de vulnerabilidad y victimización por la ejecución de megaproyectos que desconocen el derecho a la consulta previa, libre e informada y el posterior consentimiento comunitario para dar vida a los Tratados de Libre Comercio.
Guizamano Vivas, hizo referencia directa a tres normas que estos dos poderes del Estado han promulgado y corroboran lo planteado:
1. La Ley Orgánica que reglamenta la consulta previa, deroga el decreto 1320 y anula las facultades de los consejos comunitarios ante el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada,
2. La expedición del decreto 2163 firmado el 19 de octubre de 2012 por medio del cual se conforma y reglamenta la comisión consultiva de alto nivel de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y se dictan otras disposiciones, y
3. La Resolución 0121 del 2012, por la cual sólo se reconoce como consejos comunitarios a aquellos que cuentan con título colectivo adjudicado por INCONDER.
“Con estos mensajes no se contribuye a la paz. Son mensajes que violan totalmente el Convenio 169 de la OIT de 1989; la Ley 21 de 1991 y la Ley 70 de 1993; amén de hacer caso omiso al constructo histórico de las altas cortes sobre los derechos que nos asisten a los pueblos afrodescendientes a la posesión y permanencia en el territorio con autonomía y desarrollo económico que se armonice con nuestros referentes étnico-culturales”, recalcó Guizamano Vivas.
Por último requirió la derogación de las tres normas y abrir las compuertas de un proceso verdadero de participación y concertación política con todas las expresiones del movimiento afrocolombiano; al tiempo que llamó la atención sobre la urgente necesidad de un diálogo con dignatarios de la Organización Internacional del Trabajo y los pueblos afrodescendientes para evaluar y revisar la aplicabilidad del Convenio 169 en el marco de las políticas que ejecuta el gobierno central. “La paz son hechos que respeten los derechos”, finalizó.