El proyecto de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de derechos humanos del Caribe colombiano para la incidencia política y la protección, desarrollado por Lutheran World Relief y en coparte con la Fundación Infancia Feliz, viene haciendo ejerciendo su labor en 50 organizaciones sociales y de derechos humanos que pertenecen a Agenda Caribe.

El propósito es promover procesos de inclusión social, justicia y paz, y disminuir la sistemática violación de los derechos de las comunidades afrocolombiana, indígenas y campesinas de la región, en especial de las mujeres.

El presente proyecto se desarrolla en la región Caribe Colombiana, con 50 organizaciones ubicadas en los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.
Problemas y causas

En la región del Caribe colombiano persiste, una situación sistemática de violencia, injusticia y exclusión social, originada en la existencia de grupos de poder con intereses económicos y políticos sobre el territorio.

Esta situación genera una grave crisis humanitaria que impide el ejercicio de los derechos de las personas y amenaza los procesos organizativos de mujeres, comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinos.

Los habitantes de la región del Caribe colombiano han soportado durante años una tradición política excluyente y corrupta que mantiene relaciones con grupos ilegales para garantizar la defensa de sus intereses. Esto ha ocasionado graves niveles de pobreza y victimización en materia de Derechos Humanos.

Fortalecimiento de organizaciones sociales 2En el 2003 la costa Caribe aportó el 37% del total de población pobre por ingresos del país, cuando en esta región vive el 21.5% de la población total colombiana. Entre 1997 y 2003 la población en situación de indigencia en la región aumentó de 2’570.235 personas a 3’882.418, lo que representa un incremento del 51%.

El desplazamiento forzado por los actores del conflicto armado y el despojo violento de tierras a los campesinos y afrocolombianos, ya sea por el interés en explotar los recursos naturales o por la ubicación geoestratégica de las mismas, lo han soportado los pobladores de todos los departamentos de la región.

La región Caribe enfrenta un proceso de reordenamiento violento del territorio y el fortalecimiento de un modelo de desarrollo rural rentista que se basa en la acentuación de la inequidad en la estructura de tenencia de la tierra y en propuestas que validan el monocultivo, la ganadería extensiva y los cultivos de uso ilícito.

En la región Caribe se aplicó de manera experimental en Colombia el modelo paramilitar articulado con instituciones del Estado, lo que ha salido a la luz pública como la denominada parapolítica.

En consecuencia, como en ninguna otra región del país, se permitió que de manera intencional se acabara con las organizaciones de derechos humanos, de paz y de desarrollo en la región, a través de la intimidación, las detenciones arbitrarias, las amenazas y los asesinatos selectivos de líderes y dirigentes sociales.

Organizaciones e Iglesias, como fue el caso del Presbiterio de la Costa Norte, enfrentaron amenazas y atentados a causa de los señalamientos de vínculos con las guerrillas.

Frente a esta crisis humanitaria y la desarticulación de las organizaciones surge la propuesta de varias organizaciones de la región en crear una red de apoyo a los procesos de organización social y comunitaria del Caribe colombiano.

Esta red llamada Agenda Caribe está encaminada a promover la protección y el ejercicio de los Derechos Humanos fundamentales de las poblaciones más vulnerables, a través de procesos de formación, documentación, apoyo jurídico y generación de mecanismos de autoprotección basados en una estrategia de trabajo en red.

Agenda Caribe busca aportar a la defensa de la democracia y la real participación de la ciudadanía en la defensa de lo público como bien de toda la sociedad, como única garantía de ejercer los derechos y de consolidar un proceso, que desde la sociedad civil, pueda contribuir a que en Colombia se avance en caminos de paz, reconciliación y justicia social.
Metas y objetivos del proyecto
General

Fortalecer 50 organizaciones sociales y de Derechos Humanos que pertenecen a la Agenda Caribe, con el fin de promover procesos de inclusión social, justicia y paz, y disminuir la sistemática violación de los derechos de las comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinos de la región, en especial de las mujeres.

Específicos

Fortalecimiento de organizaciones sociales

1. Desarrollar un proceso de formación socio política con 100 personas pertenecientes a organizaciones de la Agenda Caribe, durante los tres años de duración del proyecto, con el fin de lograr su participación cualificada en espacios de decisión de política pública en la región, a través de su participación en la Escuela de Formación Sociopolítica de Agenda Caribe.

2. Diseñar e implementar una estrategia de incidencia política, ligada a acciones jurídicas, para lograr la aplicación del derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación integral para 15 familias victimas de San Onofre; promover la defensa del territorio y la cultura afro de San Basilio de Palenque y la defensa del territorio y el ecosistema de la Bahía de Taganga, durante los tres años del proyecto.

3. Proteger a los líderes sociales vinculados a Agenda Caribe y a sus organizaciones a través de la aplicación de una estrategia de prevención, protección y visibilización que fortalezca sus capacidades para la atención de emergencias y la respuesta oportuna a las amenazas, durante los tres años del proyecto.

4. Fortalecer el funcionamiento de Agenda Caribe para garantizar su sostenibilidad, a través de un proceso planificado de gestión de red, que permita mejorar la coordinación y comunicación entre las organizaciones y aumentar su capacidad para la negociación de los conflictos y la toma de decisiones, durante los tres años del proyecto.

Número total de participantes por sexo
El proyecto de Fortalecimiento de las organizaciones sociales y de derechos humanos del Caribe colombiano para la incidencia política y la protección, durante los tres años de su ejecución cuenta con la participación total de 420 personas beneficiarias directas, discriminadas por sexo de la siguiente manera: 252 mujeres y 168 hombres.